23 de Febrero, 2024
Hagamos que este trabajo sea reconocido, valorado y apoyado desde el Estado. ¿Cómo? Llevando este derecho al Consejo Constitucional para su discusión (…) Nuestra propuesta busca reconocer el valor y la función social de los cuidados, garantizando los derechos de las personas cuidadas y el trabajo de quienes cuidan.
Estar a cargo 24/7 del cuidado de una persona con una condición que impide su autovalencia; tener que salir del mercado laboral para cuidar a las y los hijos pequeños por no contar con redes de apoyo o no ganar lo suficiente para pagarlas; requerir de cuidados y depender, para ello, de la buena voluntad de otra persona; sentir la carga diaria de realizar una labor que se hace con cariño y compromiso, pero sin apoyo.… Son algunas de las experiencias que todas las personas afrontamos. Porque me cuidaron, cuido y me cuidarán.
Efectivamente, hablamos de una necesidad universal, que nos acompaña desde el nacimiento. Una labor imprescindible y, pese a ello, invisible, confinada puertas adentro, a cargo de manera desproporcionada de las mujeres, sin que se reconozca su función social y su valor económico sea retribuido.
En Chile el Trabajo de Cuidados No Remunerado representa el 26% del PIB ampliado (Banco Central, 2021) y es realizado en un 72,4% por mujeres. Ellas suman 3 millones 808 mil horas dedicadas cada año a esta labor, versus el millón 455 mil horas de los hombres (ENUT, 2015). El cuidado no es solo infantil, se prolonga también en la juventud y vejez, por razones de salud y de dependencia, transitorias o permanentes, por enfermedad o discapacidad. De hecho, casi 1,5 millones de personas (9,8% de la población adulta del país) están en situación de dependencia (ENDIDE, 2022) en Chile.
Quienes cuidan tienen menos oportunidades de un empleo remunerado y formal, lo que aumenta su vulnerabilidad económica y limita su acceso a la protección social. Un 34,7% de las personas inactivas por responsabilidades familiares son mujeres y un 2,7% son hombres (Sence, 2023). Muchas personas realizan esta función por los vínculos familiares y emocionales con quienes cuidan y eso no está en cuestión. Pero los costos asociados a esta labor, que involucran la salud física y mental, no debieran ser soportados individualmente o de manera exclusiva por las familias, sin la garantía de un apoyo adecuado.
Hagamos, entonces, que este trabajo sea reconocido, valorado y apoyado desde el Estado. ¿Cómo? Llevando este derecho al Consejo Constitucional para su discusión. Tal como planteamos en la Iniciativa Popular de Norma que promovemos estos días (IPN 10.107), junto con Asociación Yo Cuido y el Núcleo Constitucional de la UAH, la incorporación de estas disposiciones constitucionales permitiría que el Estado tenga el deber de promover la corresponsabilidad social, y que las decisiones personales y familiares sobre los cuidados no impliquen costos excesivos y desventajas injustas.
Nuestra propuesta busca reconocer el valor y la función social de los cuidados, garantizando los derechos de las personas cuidadas y el trabajo de quienes cuidan. Más aún si beneficia a toda la sociedad. La invitación es a hacernos parte activa de esta demanda que, de alguna u otra manera, a todas y todos nos toca, nos afecta, nos involucra.
Por Alejandra Sepúlveda Peñaranda, presidenta ejecutiva de ComunidadMujer
Columna publicada en La Tercera