Llegar hasta aquí significó el despliegue de muchos liderazgos, y resulta a lo menos miope invisibilizar el aporte de numerosas mujeres políticas, presidentas y vicepresidentas de partidos. Ellas también fueron incidentes en la negociación del acuerdo en su totalidad. Lo mínimo es reconocerlas y evitar los sesgos en los que han caído algunos medios en sus titulares”.
Luego de tres meses de arduas negociaciones, nuestro país se encamina a un nuevo proceso constituyente, tras el Acuerdo por Chile suscrito transversalmente en el Congreso Nacional. En el fragmentado escenario político actual, esta propuesta democrática tiene un enorme valor, ya que expresa el esfuerzo por superar desconfianzas y encontrar espacios de convergencia para viabilizar un camino institucional posible.
Llegar hasta aquí significó el despliegue de muchos liderazgos, y resulta a lo menos miope invisibilizar el aporte de numerosas mujeres políticas, presidentas y vicepresidentas de partidos, como Paulina Vodanovic (PS), Natalia Piergentilli (PPD), Gloria Hutt (Evopoli) y Flavia Torrealba (FRVS); senadoras como Ximena Rincón (Demócratas) y Claudia Pascual (PC), y la ministra Segpres, Ana Lya Uriarte. Ellas también fueron incidentes en la negociación del acuerdo en su totalidad. Lo mínimo es reconocerlas y evitar los sesgos en los que han caído algunos medios en sus titulares.
Pero más allá de esta omisión comunicacional, es positivo que las fuerzas políticas hayan entendido la necesidad de dar continuidad a la paridad de género, uno de los avances más destacados y mundialmente inéditos del proceso anterior. Un principio que debe ser resguardado en todo momento, y que las organizaciones de mujeres y feministas nos vimos en la obligación de reiterar ante las y los negociadores en este segundo proceso.
Así, y fruto del diálogo político, se resolvió mantener la paridad de entrada y salida en la elección de las 50 mujeres y hombres que conformarán el Consejo Constitucional; en la Comisión Experta de 24 integrantes, designados por el Congreso; y en el Comité Técnico de Admisibilidad, conformado por 14 personas que deberán resguardar que las normas votadas no transgredan los llamados “bordes” de la nueva Carta Magna.
Precisamente es la conformación de la Comisión Experta -la cual debiese ser remunerada para resguardar su independencia- la que concentra la atención de la opinión pública: para abordar temas como el régimen político, o derechos sociales, económicos y culturales, es necesario contar con un grupo de profesionales diverso y multidisciplinar, y no sólo abogados/as constitucionalistas. Y, por cierto, que haya especialistas con perspectiva de género.
Porque la nueva Constitución que se proponga a la ciudadanía no puede soslayar el deber de avanzar en igualdad real y no discriminación, en representación sustantiva en las instituciones, en corresponsabilidad social de los cuidados, en el resguardo de una vida libre de violencia de género, entre otros, que buscan mejorar la experiencia vital de millones de mujeres en Chile, superando las desventajas históricas que enfrentan día a día. No solo es la paridad, esta segunda oportunidad también debe ser con y para nosotras.
Por Alejandra Sepúlveda Peñaranda, presidenta ejecutiva de ComunidadMujer
Columna publicada en La Tercera el viernes 16 de diciembre de 2022.