Urge un nuevo trato con la naturaleza, reconociendo al medioambiente como patrimonio común y a la acción climática como una tarea de todos, de gobiernos de cualquier signo político. La nueva Constitución es también una oportunidad para abrazar los principios de conservación y respeto de la biodiversidad, justicia ambiental, buen vivir y continuidad intergeneracional.
Doloroso, categórico, irrefutable. El sexto informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de ONU, elaborado por 234 científicos/as, afirmó esta semana que el calentamiento global de los últimos 170 años es atribuible completamente a la acción humana, provocando un cambio acelerado e irreversible en el planeta.
Se nos acabó el tiempo, ya no hay regiones a salvo. Es el mensaje que la ciencia puso sobre la mesa de los líderes mundiales, que acudirán a la COP26 en noviembre, presionados más que nunca por alcanzar una economía carbono neutral al 2050. Se trata de una cumbre marcada por el retorno de EE.UU. al Acuerdo de París, la reticencia china a la ambición climática y la experiencia global de la pandemia.
Ambas crisis tienen similitudes, partiendo por los efectos del desequilibrio ecológico y el riesgo para la vida de las personas. Los contagios a nivel planetario con variantes cada vez más peligrosas y los eventos climáticos extremos -a los que Chile es particularmente frágil-, serán parte de nuestra existencia. Y la salida, tal como hemos visto con las vacunas contra el Covid-19, exige un esfuerzo internacional sostenido y mancomunado. Difícil pero no imposible.
Para una de las autoras del IPCC, la académica chilena Maisa Rojas, el cambio climático hay que pensarlo como multiplicador de riesgos: “Todas las amenazas que tenemos en nuestras sociedades -conflictos, hambrunas, enfermedades, catástrofes naturales- afectan siempre a los más vulnerables”. Los y las niñas, mujeres y personas mayores que viven en pobreza, son quienes más sufren las transformaciones de vida, migración forzada, crisis alimentaria, entre otros. Por eso, es clave diseñar políticas de resiliencia y adaptación que tengan en cuenta un enfoque de género.
Hoy requerimos más coherencia de las autoridades, la que, lamentablemente, no se puede dar por sentada: en el mismo Congreso se discute la Ley Marco de Cambio Climático, la reforma al Código de Aguas, que incluye el aseguramiento del derecho humano al agua, y la rebaja al impuesto específico a los combustibles, que va en la dirección contraria. En tanto, la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo aprobó el judicializado proyecto portuario-minero Dominga, en las cercanías del Archipiélago Humboldt, área de conservación del 80% de una especie pingüinos única en el mundo, desatando las protestas de grupos ambientalistas y de candidatos/as presidenciales.
A la luz de la ciencia, lo lógico sería que todos intentemos remar para el mismo lado. Urge entonces un nuevo trato con la naturaleza, reconociendo al medioambiente como patrimonio común y a la acción climática como una tarea de todos, de gobiernos de cualquier signo político. La nueva Constitución es también una oportunidad para abrazar los principios de conservación y respeto de la biodiversidad, justicia ambiental, buen vivir y continuidad intergeneracional. Sin planeta no hay futuro, estamos irremediablemente unidos.
Por Alejandra Sepúlveda Peñaranda, presidenta ejecutiva de ComunidadMujer.
Columna publicada en La Tercera el viernes 13 de agosto de 2021.