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Fernanda y Gabriela

A julio de 2019, en Chile se registran 24 femicidios consumados y 54 frustrados, según datos del Ministerio de la Mujer. Con la Ley Gabriela se pretende ampliar la tipificación del delito de femicidio para incluir los casos de los homicidas que no tienen una relación formal con la víctima. ¿Podrá también significar que las muertes de mujeres sean tratadas con un respeto mayor? Tal vez eso tarde más.

El viernes recién pasado fue el funeral de Fernanda Maciel. Justo en la semana en que dio su primer paso en el Senado el proyecto que asegura el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, con la aprobación transversal de la idea de legislar. La misma semana en que la llamada Ley Gabriela entró en su última etapa de discusión, para que la calificación de femicidio se aplique a cualquier asesinato contra una mujer a causa de su género. Gabriela Alcaíno y su madre fueron asesinadas por un ex pololo de la joven, que no será juzgado por femicidio por no ser marido ni conviviente.

¿Podrán estas leyes ayudar a las otras mujeres que hoy están en peligro?

Fernanda era una mujer de 21 años, que iba a tener una hija a quien ya había llamado Josefa. Salió un día de su casa a las cuatro de la tarde y no volvió jamás. Luego, su caso se hizo conocido por todos y ha sido objeto de especulación durante más de un año en los medios.

Tal como no la respetó quien le quitó la vida, Fernanda no ha sido tratada con respeto por la sociedad en que vivía. El sitio del suceso se dañó con una investigación policial poco rigurosa. Las fotos que, como muchas jóvenes de su edad, puso en redes sociales sirvieron para alimentar todos los prejuicios que entran a regir en estos casos. Aún en estos tiempos -en que podríamos suponer haber hecho avances importantes- subyace la idea de que “algo habrá hecho”.

A la violencia de quien la mató y la indiferencia de quienes no escucharon los llamados de ayuda, se ha sumado la violencia de quienes se arrogaron el derecho de hablar sobre su vida privada, hasta el punto de exponer un peritaje psicológico que forma parte de la carpeta investigativa del Ministerio Público, olvidando que aquí ella es la víctima y merece protección.

El caso de Fernanda nos trajo a la mente el doloroso recuerdo de la exposición mediática y fuera de todo criterio del caso de Nabila Riffo. En mayo de 2016 su expareja la atacó brutalmente, la golpeó hasta dejarla inconsciente y después, con sus llaves, le sacó los ojos. Como corolario a ese horror, la cobertura mediática se extendió incluso en los detalles sórdidos del peritaje ginecológico.

No es una novedad que la muerte de una mujer joven se convierta en espectáculo y acaben participando en la puesta en escena hasta los más cercanos. Pero mientras eso suceda, seguiremos sin entender el trasfondo y pensando que es algo que les pasa a otras y les pasa por algo.

El hecho de que, esta vez, muchas personas e instituciones hayan manifestado en redes sociales -y derechamente en denuncias al Consejo Nacional de Televisión- su perplejidad y molestia ante el tratamiento de este caso, habla bien del avance que ha habido en los últimos dos años en la comprensión de los temas de género. Pero nos falta avanzar mucho más. Los medios harían bien en analizar su estereotipado tratamiento de estos temas y crear protocolos para una aproximación más digna y solvente en los casos de femicidio.

Es iluminadora la muestra “Eva” que Marcela Said y Cristián Valdés exhiben estos días en GAM. Una instalación con los testimonios de las víctimas y los victimarios que nos traspasa el sinsentido y el horror de estas muertes. Cada una de estas mujeres jóvenes cuenta en primera persona su final. Cada una de ellas fue tratada como una posesión. Por celos, porque estaban embarazadas o porque querían tener una vida, se atenta contra ellas mientras otros oyen los gritos de auxilio y sienten que no es su problema. Se las deja botadas, se las trata como cosas, con un total desprecio por sus proyectos y por sus vidas.

Diana Russell, activista y escritora sudafricana feminista, fue la primera en acuñar el término de “feminicidio”, planteándolo como “el asesinato de mujeres por hombres motivados por el odio, desprecio, placer o sentido de posesión hacia las mujeres”. A julio de 2019, en Chile se registran 24 femicidios consumados y 54 frustrados, según datos del Ministerio de la Mujer.

Con la Ley Gabriela se pretende ampliar la tipificación del delito de femicidio para incluir los casos de los homicidas que no tienen una relación formal con la víctima, con penas que van desde 15 años y un día a presidio perpetuo calificado. En esa figura caería el caso de Fernanda.

¿Podrá también significar que las muertes de mujeres sean tratadas con un respeto mayor? ¿Podrá significar que no se utilice la muerte para una nueva exhibición de violencia solapada en su contra? Tal vez eso tarde más.

Por Mercedes Ducci Budge, presidenta de ComunidadMujer.

Columna publicada en La Tercera, el domingo 14 de julio de 2019.