Chile lleva, al menos, 15 años discutiendo sobre las necesarias reformas a su sistema de pensiones. Tras la reforma previsional de 2008 —que creó el Sistema de Pensiones Solidarias, aumentó la cobertura previsional de ciertos grupos vulnerables e incrementó la competencia entre las AFP— gobiernos de distinto signo político han enviado proyectos de ley al Congreso que no se han aprobado y, por ende, no ha habido cambios sustantivos.
Hemos acompañado este largo proceso participando de instancias técnicas y desarrollando propuestas -las más recientes, contenidas en la publicación “7 propuestas de ComunidadMujer para el nuevo ciclo sociopolítico”-, que permitan enfrentar las desigualdades previsionales que experimentan las mujeres, las cuales no pueden seguir postergadas. Estas son: (1) implementar un seguro de longevidad social con idéntica edad de tránsito para mujeres y hombres mediante financiamiento tripartito. Y (2) reconocer cotizaciones previsionales por los períodos destinados al cuidado de niñas y niños, personas discapacitadas o mayores dependientes.
El mandato del nuevo gobierno debe ser el de avanzar en la construcción de un sistema previsional con perspectiva de género, que erradique todo tipo de discriminación hacia las mujeres, ya sea a través de la modificación de normas explícitas y/o de la compensación de aquellas desigualdades estructurales del mercado laboral que tienen su origen en una anacrónica división sexual del trabajo