La histórica conformación paritaria de la Convención Constitucional chilena (única en el mundo) -junto con la instalación de una potente agenda feminista articulada por organizaciones de mujeres y de la sociedad civil- permitió visibilizar con mayor claridad la real persecución de la que suelen ser víctimas las mujeres que ocupan espacios de poder político y/o activismo o son candidatas a ellos. La violencia política silencia a las mujeres y coarta sus posibilidades de aportar en los espacios de poder y toma de decisiones, dañando la calidad de nuestras democracias.
‘‘Queremos informar y visibilizar que nuevamente he sido víctima de amenazas de muerte’’, fueron las palabras de la convencional y activista medioambiental Manuela Arroyo en un punto de prensa en plena Convención Constitucional hace aproximadamente dos meses, en el cual informó que había ingresado una querella criminal por hostigamiento.
Según señaló en aquella ocasión, el hombre que la acosaba a través de redes sociales ya contaba con una causa vigente por amenazas en contra de otra mujer de perfil público, la ministra del Interior de Chile, Izkia Siches. ‘‘La violencia sexual y política hacia nosotras es inconcebible y tomaremos todas las medidas necesarias y posibles para sancionar y perseguir este tipo de conductas. Todas las personas tenemos el derecho de vivir una vida libre de violencia’’, declaró Arroyo.
Efectivamente, la histórica conformación paritaria de la Convención Constitucional chilena (única en el mundo) -junto con la instalación de una potente agenda feminista articulada por organizaciones de mujeres y de la sociedad civil- permitió visibilizar con mayor claridad la real persecución de la que suelen ser víctimas las mujeres que ocupan espacios de poder político y/o activismo o son candidatas a ellos.
Es probable que, justamente, esa excepcional presencia de mujeres en este espacio de deliberación haya determinado que uno de los temas más comentados y consensuados por el pleno fuera la norma sobre el “derecho a una vida libre de violencia de género”. La discusión de la norma estuvo acompañada permanentemente por manifestaciones feministas en el frontis de la sede de la Convención, con un memorial para mujeres víctimas de femicidio y de violencia de género.
En efecto, la norma obtuvo fue aprobado en sus dos incisos por 127 y 120 votos a favor, respectivamente, de 154 en total y hoy es parte del documento final emanado de la Convención. Este establece que “Todas las mujeres, las niñas, las adolescentes y las personas de las diversidades y disidencias sexuales y de género tienen derecho a una vida libre de violencia de género en todas sus manifestaciones, tanto en el ámbito público como en el privado, sea que provenga de particulares, instituciones o agentes del Estado”.
Asimismo, indica que “El Estado deberá adoptar las medidas necesarias para erradicar todo tipo de violencia de género y los patrones socioculturales que la posibilitan, actuando con la debida diligencia para prevenirla, investigarla y sancionarla, así como brindar atención, protección y reparación integral a las víctimas, considerando especialmente las situaciones de vulnerabilidad en que puedan hallarse”.
Con todo, la violencia política contra las mujeres es un problema que no ha tenido suficiente visibilidad, que puede tener muchas formas y cuya información estadística aún es escasa. Sabemos que muchas la sufren en el espacio público, en los medios de comunicación y, particularmente, en las redes sociales, las que están siendo usadas de manera creciente y preocupante para difundir mensajes de intolerancia y odio.
Cabe destacar que en 2020 el porcentaje de mujeres parlamentarias alcanzó su máximo histórico en el mundo, pese a estar lejos de la paridad. En Chile, según análisis del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en base a datos del Servicio Electoral (Servel), el número de mujeres electas en la Cámara Baja pasó de un 14% en 2019 a 36% en 2021 y en el Senado del 15% al 22% en el mismo periodo. La región con mayor número de mujeres parlamentarias en el mundo es América, con un promedio de 32%.
Reconocer y actuar contra la violencia política es, por tanto, urgente y esencial para erradicar un problema que ha crecido a la par con el aumento de las mujeres en los ámbitos de decisión. La Declaración sobre la Violencia y el Acoso Político a las Mujeres, aprobado en la VI Conferencia de los Estados que formaron parte de la Convención de Belém do Pará en Lima (2015), ratifica que la mayor participación política de las mujeres ha intensificado la violencia contra ellas.
Pero los problemas están lejos de terminar ahí. En 2021, el mismo PNUD presentó el estudio “El laberinto del poder. Trayectorias de legisladoras chilenas”, que entrega una interesante caracterización de las mujeres que han sido electas para cargos legislativos en el período 2006-2018. Da cuenta, además de que, a pesar de los avances, las mujeres deben enfrentar múltiples barreras en diferentes momentos de sus trayectorias políticas.
El estudio revela que son los partidos políticos los que determinan las oportunidades para acceder al Congreso. Son los llamados “porteros del poder” y, si bien las mujeres acceden cada vez más a cargos directivos, están menos presentes en cargos estratégicos que inciden en la selección de candidaturas. Además, persisten prácticas que obstaculizan el acceso de las mujeres a estos espacios, como la organización de actividades políticas en horarios que dificultan la conciliación con las labores de cuidado; la ausencia de mujeres en las mesas negociadoras de candidaturas; y la existencia de estereotipos que favorecen liderazgos masculinos. Asimismo, concluye, las campañas electorales son una de las etapas más complejas por su carácter sexista y hostil, y por la persistencia de una brecha de financiamiento significativa en desmedro de las mujeres.
En América Latina, según datos de CEPAL, las mujeres ocupan el 29% de los puestos ministeriales; el 32% de los nombramientos en los tribunales superiores de justicia; el 16% de las funciones de liderazgo en los municipios; y el 30% de los puestos como miembros del consejo o concejales. Esta baja representación es, por tanto, reflejo de las dificultades que enfrentan las mujeres en la política, lo que incluye, por cierto, la violencia que se ejerce contra ellas en la vida pública (OEA).
Desde la aprobación de la Convención de Belém do Pará en 1994, primer tratado internacional que estableció explícitamente el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, América Latina ha sido referente en el diseño de marcos jurídicos destinados a erradicar este tipo de violencia. Entre algunos de los hitos más importantes que ocurrieron a continuación, se encuentra la Declaración Sobre la Violencia y el Acoso Político Contra las Mujeres (OEA) / CIM, 2015) y la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política Contra las Mujeres (OEA / CIM, 2017). Bolivia es el único país del mundo que tiene un reglamento contra la violencia política de género. Argentina, Ecuador, México, Panamá, Paraguay y Uruguay reconocen legalmente la violencia política de género, y el Instituto Electoral de México es la única autoridad que ha publicado directrices formales contra la violencia política (ComunidadMujer, Meta, 2022).
Pero el sexismo, el acoso y la violencia contra mujeres parlamentarias son problemas presentes en todo el mundo, que obstaculizan la igualdad de género y socavan los fundamentos de la democracia, según un estudio desarrollado por la Unión Interparlamentaria (UIP, 2016) en cinco regiones, incluyendo América. Este determinó que el 82% de las parlamentarias había experimentado violencia psicológica; el 67% fue objeto de insultos; el 44% fue objeto de amenazas de muerte, violaciones, palizas o secuestros; el 20% fueron víctimas de acoso sexual; y otro 20% sufrieron violencia en sus oficinas.
La violencia política silencia a las mujeres y coarta sus posibilidades de aportar en los espacios de poder y toma de decisiones, dañando la calidad de nuestras democracias. Es fundamental, por ello, reconocer y rechazar esta realidad, que los Estados sean garantes de una vida libre de violencias, y que la sociedad, en su conjunto, deje de naturalizar que una persona sea objeto de amenazas-muchas veces fomentadas desde los propios líderes políticos- solo por ser mujer o por tener una opinión o una postura distinta.
Con el uso creciente de Internet, la violencia se ha trasladado peligrosamente al mundo digital. Es por ello que, como organización, aportamos hace unos meses “un grano de arena” a esta causa elaborando, junto con la compañía internacional de tecnologías sociales Meta, la guía de seguridad digital “Enfrentando la violencia política contra las mujeres”. Se trata de un documento con consejos e información útil para prevenir y reportar actos de violencia política de género en redes sociales y fomentar la participación segura y abierta de mujeres en este ámbito. La guía busca promover buenas prácticas de comunicación digital a través de herramientas para limitar o eliminar contenido nocivo en Facebook, Instagram, Messenger y WhatsApp -las aplicaciones de Meta-, conectando con la ciudadanía de manera segura.
Difundir esta guía u otras similares puede ayudar a prevenir y/o contener algunas de las violencias que se producen en los espacios digitales, como complemento de las denuncias o acciones que pueden ser llevadas ante las autoridades correspondientes en cada país.
Asimismo, y tal como recomienda la UIP, es clave que las y los políticos condenen tanto el sexismo como el acoso y manifiesten, sin ambivalencias, que la violencia no puede tolerarse como el precio a pagar por la participación política de las mujeres. En palabras del secretario general de este organismo, Martin Chungong, “los parlamentos deben empezar poniendo orden en su propia casa si quieren dar ejemplo y acabar con la discriminación y la violencia que sufren las mujeres en todos los ámbitos de la vida. La eficacia de los parlamentos, el avance hacia la igualdad entre hombres y mujeres y la vitalidad de la propia democracia dependen de que así se haga”.
Por último, está el rol fundamental de los medios de comunicación. Alzar la voz respecto de estos temas y denunciarlos, no sólo ayuda a empoderar a las mujeres a alzar su voz, también ayuda a otras personas a comprometerse con las mujeres para combatir el problema. Mujeres y niñas tienen todo el derecho a estar libres de violencia al participar abiertamente en la política; nuestras democracias y convivencia social así lo reclaman con urgencia.
Por Claudia Yachan Durán, directora de Comunicaciones de ComunidadMujer.
Columna publicada en boletín CEPIA. Ilustración iKNOW Politics.