El objetivo, por cierto, es urgente: proteger a niños y niñas de varios virus respiratorios, así como descomprimir la red asistencial. Pero el método elegido para lograr ese fin -adelantar y extender las vacaciones de invierno de Arica a Punta Arenas- es un verdadero desastre para ellos, sus familias y, en especial, para las madres trabajadoras.
La sorpresiva decisión es cuestionable desde múltiples aristas, especialmente por ser este un gobierno feminista, que ha puesto en el centro de su gestión la equidad de género. Ello implica que las mujeres no tengan que lidiar solas con las labores de cuidado, así como priorizar el empleo femenino, tras su retroceso de 10 años por la pandemia (esencialmente debido al cierre de escuelas, salas cuna y jardines). Y porque el Presidente dijo que haría todo para que los colegios fueran “los últimos en cerrar y los primeros en reabrir”, dado el enorme daño que la pandemia causó en ellos. Daños que están a la vista: desde la falta de conocimiento y brechas en materias fundamentales, aumento de deserción escolar, obesidad o malnutrición y, especialmente, graves daños a la salud mental. El ministro de Educación de este gobierno reconoció que el cierre tan extenso había sido un error.
¿Qué pasó, entonces, que volvimos atrás? ¿Por qué se optó por una medida tan radical? Es obligatoria en todo Chile, sin que las regiones, municipios, comunidades, puedan decidir nada. Igual que en la pandemia. Tampoco distingue edades, a pesar de que estos virus son más dañinos en menores. No parecen haberse pensado en alternativas, tanto médicas (preventivas) como educativas (hibridez, por ejemplo, para no interrumpir el calendario educativo). Sobre todo, impacta que se haya tomado una decisión así sin sopesar a fondo las consecuencias múltiples que tiene para niños y niñas y las familias. ¿Qué harán las familias y, sobre todo, las madres trabajadoras con estos días de vacaciones obligadas?
Podría pensarse que aquí predominó el punto de vista médico. Pero en eso no hubo consenso tampoco. A pesar de que la ministra Begoña Yarza dijo que esto se había decidido “con el apoyo del Comité de Respuesta Pandémica y, en especial, del equipo de expertos”, luego se supo que fue pese a la recomendación en contra de la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica. “El consejo considera, mayoritariamente, que existe incertidumbre en el impacto que puede generar el adelantar las vacaciones dentro de la saturación de la red asistencial pediátrica. Dado aquello, no existe una posición uniforme para recomendar la medida”, indica el documento, que consigna la respuesta de los especialistas frente a la solicitud de las autoridades de gobierno.
“Se discutió ampliamente el tema y hubo opiniones divididas, pero la mayoría votó en contra de adelantar las vacaciones en los términos en los que se propuso. Por eso, se definió como consejo no apoyar la medida”, relató uno de los comisionados en La Tercera.
Como los reclamos y las dudas no se han hecho esperar, el gobierno ha ido anunciando “paliativos” ex post: por ejemplo, que estarían abiertas las escuelas para niños y niñas que requieran alimentación. La Dirección del Trabajo emitió un dictamen en el que autoriza que padres y madres puedan teletrabajar si cuidan a menores de 12 años, pero solo uno de ellos puede pedirlo y hay que hacer una declaración jurada. La ministra Yarza luego explicó que cuando “la red familiar no sea capaz”, los colegios van a estar abiertos con actividades extracurriculares… Pero luego el ministro de Educación dijo que ojalá los “mantengan en la casa”.
Incertidumbres y dudas. Y ¿qué significa esta apelación a la capacidad de la “red familiar” para enfrentar el problema? Es privatizar, es decir, tratar como un tema individual y privado la responsabilidad del cuidado. Si no pueden las mujeres, serán entonces las abuelas, abuelos… Y quienes no tienen esas redes disponibles de aquí a dos semanas, ¿qué hacen?
Algunas harán malabares para cuidar niños y trabajar vía remota (lidiando con niños aburridos por el encierro, por un lado, y jefaturas, a veces bien poco comprensivas, por el otro). Y quienes no pueden trabajar remotamente, solo les queda rogar que no las hagan ir a trabajar presencial, o bien ausentarse, y ganar menos o poner en riesgo su trabajo.
En resumen, una decisión sin consenso médico, contradictoria con las palabras del Presidente Boric y donde faltó evaluar alternativas (y prevenciones) que consideraran tanto los derechos a la educación y a la salud física y mental, como la perspectiva de género.
Porque los virus, los desastres, los imponderables y las crisis van a continuar.
El punto es si hemos aprendido o no algo del Covid.
¿O seguirán pagando los peores costos los niños, las niñas y las mujeres?
Por Paula Escobar Chavarría, vicepresidenta del directorio de ComunidadMujer.
Columna publicada en La Tercera.