23 de Febrero, 2024
Avanzar en corregir las falencias de las políticas de cuidado actuales y resolver las necesidades de la población que se revelaron con tanta crudeza durante la pandemia COVID-19 es imperativo. Esta crisis y el proceso constituyente en curso ofrecen para Chile la oportunidad de alcanzar una organización social más justa de los cuidados.
Salir de esta crisis pasa por crear las condiciones para que mujeres y hombres vuelvan a trabajar remuneradamente. Sin embargo, como la pandemia las ha golpeado desproporcionadamente a ellas, mientras vamos reabriendo paulatinamente la economía, surge con fuerza la necesidad de impulsar el cuidado como un cuarto pilar de la protección social, junto con la salud, educación y pensiones.
En efecto, si el 88% de las 899.000 mujeres que perdieron el empleo entre enero y julio ya no está buscando trabajo, es por la sobrecarga casi exclusiva en el ámbito familiar, y que no se ha redistribuido para nada en estos meses de confinamiento.
Hoy, el cierre de las escuelas, salas cuna y jardines infantiles y centros de cuidado para personas dependientes es una barrera infranqueable para el acceso a oportunidades. Por eso, en la Mesa COVID-19 del Ministerio de la Mujer y EG, este tema estuvo entre las grandes prioridades levantadas por las diferentes organizaciones de mujeres que participamos.
En primer lugar, en el marco de la emergencia sanitaria, es urgente promover la difusión de información clara y oportuna de la asignación del bono compensatorio de sala cuna, que hoy existe y cuyo monto debe ser acordado con el empleador, según las nuevas circunstancias y modalidades de trabajo. Se requiere, también, un subsidio estatal al cuidado, que opere como mecanismo de financiamiento complementario para que, a través de ambos aportes, se contribuya al pago de servicios de cuidado domiciliarios y, a la vez, se proteja el empleo de las madres trabajadoras en tiempos de COVID-19.
En segundo lugar, expandir la oferta de servicios de cuidado municipales (hoy disponibles en Providencia, Las Condes y Lo Barnechea) y complementarla con la reapertura del suspendido Programa 4 a 7, que operaba en las escuelas hasta antes de la pandemia en 178 comunas del país, reconfigurándolo y adaptándolo a las necesidades de este tiempo de transición, con estándares sanitarios adecuados y exigibles. Y, al mismo tiempo, promover modelos de cuidado comunitario de exitosa trayectoria en otros países, que ya tienen un rico precedente en nuestro país.
En tercer lugar, dar impulso a la reforma a la Ley de Sala Cuna (artículo 203 del Código del Trabajo) que históricamente ha operado como un impuesto a la contratación de mujeres. El proyecto hoy está en análisis en la Comisión de Hacienda del Senado y es clave retomar su discusión, desenredando, de una vez por todas, sus nudos críticos y generando acuerdos entre el mundo educativo y laboral.
Avanzar en corregir las falencias de las políticas de cuidado actuales y resolver las necesidades de la población que se revelaron con tanta crudeza durante la pandemia COVID-19 es imperativo. Esta crisis y el proceso constituyente en curso ofrecen para Chile la oportunidad de alcanzar una organización social más justa de los cuidados y crear las condiciones materiales, institucionales y simbólicas necesarias para una sociedad sostenible e igualitaria en términos de género.
Por Mercedes Ducci Budge, presidenta de ComunidadMujer.
Columna publicada en La Tercera el viernes 11 de septiembre de 2020.