La primera Constitución nacida en democracia es la vía para salir de la crisis institucional que erosionó la confianza de la ciudadanía y una gran oportunidad de reencontrarnos, dialogar y avanzar con acuerdos transversales.
Queda un mes para el plebiscito del 25 de octubre, un hito histórico que definirá el futuro de nuestro país por las próximas décadas y pondrá a prueba la capacidad del sistema político de generar un proceso constituyente convocante, inclusivo, seguro y dotado de legitimidad. Por eso, la próxima “gran marcha”, al decir del Premio Nacional Agustin Squella, será ir a votar masivamente por las opciones en juego. La mía, sin dudarlo, es el #Apruebo #Convención Constitucional.
La primera Constitución nacida en democracia es la vía para salir de la crisis institucional que erosionó la confianza de la ciudadanía y una gran oportunidad de reencontrarnos, dialogar y avanzar con acuerdos transversales -sin vetos-, sobre lo nuevo, lo que se reformará y mantendrá de nuestro acervo constitucional, para establecer un pacto político y social basado en la dignidad de las personas y que ponga a Chile en la senda del desarrollo sostenible. Ese es el verdadero significado de la hoja en blanco, mientras el plebiscito de salida ratifica la voluntad ciudadana.
Dotar de legitimidad al proceso y su resultado, depende no solo de cómo se haga el diálogo, sino también con quiénes. Por eso es clave abrir el espacio de competencia a los independientes, dado que el 95% de la ciudadanía no tiene afiliación política. Pero la cancha está muy dispareja. No sólo por el requisito de patrocinio de firmas presenciales ante notario, impracticable en pandemia, sino por la prohibición de pactos con los partidos, lo que pone otra barrera alta para alcanzar la convención. Solucionarlo depende de una ley que debe aprobarse en el Congreso.
En ese contexto, la opción de la Convención Constitucional es la única que garantiza un órgano constituyente 100% elegido, representativo de la diversidad del país y con paridad de género o igual proporción de mujeres y hombres. Una innovación con la que estamos sentando un precedente mundial.
La paridad no es antojadiza. Es un principio que profundiza la democracia y permite avanzar desde una igualdad formal entre hombres y mujeres -como consagra la Constitución actual- a una real y sustantiva. ¿Cómo? A través del reconocimiento de los derechos humanos específicos de las mujeres. Por ejemplo, a una vida libre de violencia, igualdad salarial, protección social sin discriminaciones por razón de género, el reconocimiento del valor del trabajo de cuidado no remunerado y la corresponsabilidad social. Así se evita que en la práctica se regule y legisle de manera contraria a estos derechos fundamentales.
La paridad también trata de la distribución del poder en el Estado, los órganos autónomos, los cargos de elección popular, para transformar esas estructuras jerárquicas que influyen en la vida de millones de personas y donde las mujeres han estado históricamente subrepresentadas. Esto no es menor. Basta ver lo difícil que ha sido introducir la perspectiva de género en las políticas públicas para mitigar el golpe desproporcionado de la crisis en las mujeres. Otra razón de peso para que nosotras participemos masivamente en la cita de octubre.
Por Alejandra Sepúlveda Peñaranda, directora ejecutiva de ComunidadMujer.
Columna publicada en La Tercera el viernes 25 de septiembre de 2020.